“Chile despertó” y “hasta que la dignidad se haga costumbre” son dos de las principales consignas del levantamiento social iniciado el 18 de octubre. La principal respuesta a este despertar y a las luchas por la dignidad ha sido la represión. Frente a la masiva movilización ciudadana, el gobierno ha promovido políticas absolutamente insuficientes que no abordan el trasfondo del amplio conjunto de demandas de la gente, a la vez que ha implementado medidas de criminalización de la protesta social, que entre otros efectos mantienen a más dos mil presos políticos en las cárceles chilenas.

Ahora, el tan temido marzo ya llegó. Probablemente las expectativas de un aumento de las protestas se haga realidad, en vista de que ningún sector de la ciudadanía movilizada considera que sus demandas han sido atendidas, a la vez que se mantiene una impunidad casi absoluta respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de agentes del Estado ocurridas desde el 18 de octubre hasta la fecha. Más aún, las únicas iniciativas gubernamentales para marzo han sido la adquisión de nuevos vehiculos policiales para la represión, y un discurso y gestos presidenciales cargados de amenazas: reuniones con cuarenta generales de carabineros para abordar la problemática del orden público, despliegue de mil quinientos efectivos femeninos de carabineros para las manifestaciones del Día Internacion de la Mujer, disposición a restablecer el estado de emergencia, etc.

La instalación del miedo a través del ejercicio de la violencia política y/o de la amenaza de ser objeto de ella es un clásico instrumento de gobiernos autoritarios, sean dictatoriales o elegidos democráticamente como en el caso chileno, para imtentar contener la movilización ciudadana. Pero junto con el ejercicio impune y sistemático de la violencia política por parte de las policias de carabineros e investigaciones, también se ha ido desarrollando un proceso permanente de deslegitimación de la protesta social a través del establecimiento de equivalencias entre las acciones de protesta y las acciones delictuales, transformando a prácticamente cualquier forma de manifestación en un delito a ser reprimido y sancionado. Más aún, en los hechos, la acción policial suele ser desproporcionada e indiscriminada, y parece operar como castigo a las y los manifestantes más que como una forma de restablecimiento del orden público, lo que ha tenido como saldo un altisimo número de personas heridas de diversa consideración, algunas de ellas graves y muy graves.

Pese a todo este escenario, la ciudadanía movilizada mantiene sus manifestaciones y formas de auto-organización, tanto para seguir ocupando las calles mientras sea necesario, como para enfrentar los desafíos del plesbicito de abril. Sin embargo, probablemente uno de los desafíos de marzo sea lograr altos niveles de participación, tal como sucedió en las primeras semanas del levantamiento, lo que supone ampliar y diversificar las formas de movilización, eludiendo de formas creativas y novedosas las lógicas gubernamentales del miedo y la violencia, de modo de lograr sumar a todas y todos quienes se sientan identificados con las luchas por una nuevo Chile.